La ley establece una lista de causas legales para despedir a los trabajadores, si el empleador aplica una causal errónea y el trabajador no está de acuerdo, puede demandar que su despido fue injustificado y pedir el pago de indemnizaciones legales.

La ley establece que, si al momento del despido, el empleador no ha pagado el total de las cotizaciones previsionales, el despido no produce sus efectos, y como consecuencia, el empleador deberá pagar todos las remuneraciones y cotizaciones que se devenguen hasta el íntegro pago de las cotizaciones previsionales.

En muchos casos, las personas trabajan en la informalidad laboral, es decir, sin contrato escrito, sin liquidaciones de sueldo ni pago de cotizaciones previsionales. En esos casos, los trabajadores pueden demandar para que un juez laboral declare la existencia de una relación laboral, condenando al empleador a pagar todas las indemnizaciones legales junto a sus respectivas cotizaciones previsionales.

La ley condena las conductas de acoso laboral ya sean por parte del empleador o por parte de otro trabajador. El acoso laboral constituye una vulneración a los derechos fundamentales del trabajador y la ley contempla un procedimiento especial para su conocimiento, donde el empleador arriesga ser condenado al pago de importantes indemnizaciones legales.

La ley establece un procedimiento especial para conocer de todos los actos que vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores en el contexto de la relación laboral. Los trabajadores afectados por conductas vulneratorias ya sea por parte del empleador, como por parte de otro trabajador, puede demandar al juzgado laboral correspondiente y exigir el pago de las indemnizaciones legales, que van desde 6 a 11 remuneraciones mensuales.

Frente a los incumplimientos contractuales de la empresa, los trabajadores pueden demandar el despido indirecto o el autodespido, para que un juez laboral declare terminada la relación laboral y ordene el pago de las indemnizaciones por años de servicio, aviso previo y otras que correspondan según sea el caso.

La ley establece un procedimiento especial para el cobro de los montos a los que las empresas hayan sido condenadas a pagar, utilizando herramientas como el embargo de bienes que posea el empleador para hacer pago de la deuda existente.

Ante denuncias y reclamos presentados por los trabajadores ante este organismo, es necesario contar con asesoría jurídica adecuada para lograr una mediación justa o preparar correctamente el posible juicio laboral.